A fines de octubre el Senado bonaerense le dio media sanción a un proyecto de ley para crear las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional en todos los departamentos judiciales de la provincia. Las mismas tendrán competencia exclusiva en causas que investiguen diversos delitos cometidos por agentes estatales, incluyendo también otras infracciones vinculadas a ellos como encubrimientos, omisión de denuncia, entre otras. Se espera su sanción definitiva en Diputados a comienzos de 2015.
Un proyecto de ley que crea fiscalías con competencia exclusiva en delitos de violencia institucional, en el ámbito del Ministerio Público provincial, obtuvo media sanción el pasado 30 de octubre en el Senado bonaerense. El mismo fue impulsado por la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Mónica Macha –Nuevo Encuentro–, con el asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), abogados y fiscales especializados en el tema y familiares de víctimas de violencia institucional.
La iniciativa, que podría obtener carácter de ley a comienzos de 2015, fue elaborada para propiciar una reparación democrática en respuesta a prácticas heredadas de la última dictadura cívico-militar que aún siguen vigentes, fundamentalmente en el ámbito de las fuerzas de seguridad y del poder judicial.
La senadora Mónica Macha manifestó en diálogo con Comunidad al Palo! que las fiscalías son “una herramienta fundamental para los sectores más vulnerables de nuestra provincia”, sobre los que suelen recaer este tipo de situaciones abusivas. En tal sentido, explicó que lo previsto en la iniciativa “tiene que ver con un modo rápido de actuar donde hay que proteger a la víctima, donde hay que sancionar o apartar –cuando el delito es por acción o por omisión– y donde se garantiza el control y el monitoreo por parte de organizaciones que no están en el Estado”.
Una primera medida para garantizar la protección de la víctima prevé que dentro de las 24 horas de recibida una denuncia o de iniciada una investigación preliminar, el fiscal competente ordene la realización de un amplio informe médico a cargo de peritos de la Suprema Corte de Justicia, según versa el proyecto.
A su vez, el fiscal que tenga un caso a su cargo deberá poner en conocimiento a la institución de pertenencia del o los posible/s imputado/s sobre la apertura de la investigación y los hechos que se denuncian. Dicha institución tendrá la obligación de informar cada tres meses al fiscal sobre los avances o resoluciones dictadas en las investigaciones administrativas que se inicien. “Por un lado el agente fiscal va a avanzar en la investigación pero necesitamos que la institución que está siendo denunciada también se ponga al hombro la investigación”, manifestó la senadora.
En relación al acompañamiento que necesitan recibir las víctimas, Mónica Macha afirmó que el abordaje que se busca es similar a la línea que tienen las fiscalías especializadas en otros temas. “Cuando hablamos de las fiscalías especializadas en género, estamos buscando gente que esté más comprometida y más sensibilizada con la situación que sufren algunas mujeres, entonces eso implicaría un tipo de intervención, de investigación y de acompañamiento diferente”, apuntó.
Registro de casos y monitoreo de organizaciones
Se conoce como violencia institucional a diversas prácticas delictivas efectuadas por parte de agentes del Estado que en general tienen como principales víctimas a personas en estado de vulnerabilidad social. El uso abusivo del poder coercitivo, el hostigamiento y el maltrato, la aplicación de torturas en sus múltiples formas, la imposición de condiciones inhumanas de detención, el gatillo fácil y las detenciones ilegales son algunos de los delitos realizados por agentes del Estado.
Según un informe de la CPM presentado ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, durante el 2012 se iniciaron en los dieciocho departamentos judiciales de la provincia 3.113 causas judiciales referidas a denuncias que involucran a funcionarios públicos, en su gran mayoría miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, en 2010 se ingresaron al Ministerio Público provincial 3.193 registros referidos a investigaciones penales preparatorias (IPP) o causas judiciales en base a este tipo de delitos. En ambos períodos los registros promedian más de ocho causas o IPP iniciadas por día en toda la provincia.
En caso de aprobarse la ley en 2015, organizaciones de derechos humanos como la CPM, el CELS y todas las que lo requieran podrán acceder a los casos de violencia institucional que deberán ser recopilados en informes semestrales por la Procuración General. Dichos documentos deberán detallar la cantidad de actuaciones judiciales iniciadas por hechos de violencia institucional –discriminadas por departamento judicial– y el estado y avance de los procesos judiciales en competencia de las fiscalías especializadas. Además, las organizaciones civiles podrán solicitar a la Procuración toda otra información que consideren necesaria.
Para que esa información esté disponible, el proyecto con media sanción establece la creación de un Registro de Actuaciones Judiciales por hechos de violencia institucional. El mismo será de acceso público y deberá detallar los plazos de cada proceso en curso, la cantidad de imputados y las instituciones a las que pertenecen, los casos de reiteración de imputaciones, las actuaciones elevadas a juicio, entre otros datos.
Herramienta legal
La eventual creación de las fiscalías de violencia institucional significaría un importante avance en materia de denuncia de situaciones en las que sectores vulnerables de la población se ven afectados por acciones u omisiones de agentes de las fuerzas de seguridad, de la justicia, de los servicios de salud, entre otros.
Actualmente muchas organizaciones, familiares y amigos de víctimas de situaciones de violencia policial en la provincia suelen apoyarse en la Resolución 1.390 de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, firmada en diciembre de 2001. La misma establece que el Ministerio Público Fiscal debe darle más atención e importancia “a los hechos delictivos vinculados con torturas, apremios ilegales y delitos económicos que afecten el interés colectivo, como asimismo a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones”. La misma norma establece que los fiscales no pueden delegar la investigación de este tipo de delitos.
En el mencionado informe de la CPM, el Comité Contra la Tortura afirmaba que tal resolución “dictada hace 10 años atrás, resulta absolutamente insuficiente para el logro de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) que logren avanzar en el enjuiciamiento y sanción de los responsables de la tortura”.
A nivel nacional, desde marzo de 2013 está en funcionamiento la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), organismo creado para impulsar las acciones penales y orientar las investigaciones y el juzgamiento de delitos en los que se presuma la participación de agentes estatales. Su titular, Abel Córdoba, tiene la facultad de intervenir como fiscal principal o coadyuvante en todas las instancias de los casos de competencia, recibir denuncias y remitirlas al/a la fiscal que corresponda, disponer la realización de investigaciones preliminares sobre violaciones de DDHH, entre otras funciones.
Según el informe anual 2012 del Registro Nacional de casos de Tortura y/o Malos Tratos, en el 91,8% de los casos de violencia estatal registrados las víctimas son hombres y en el 79,9% son menores de 34 años.
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