La mañana del 14 de enero de 2002, el cuerpo inconsciente de Christian Pérez fue arroyado por un tren cerca de la estación de City Bell. Christian “el Rusito”, había sido detenido en la madrugada de aquel día, en la comisaría 10ma de City Bell. Habría ingresado llevado por un grupo de personas que lo acusaba de haber atropellado al hermano de un policía.
Una hora y media más tarde, Christian habría sido llevado al cuerpo médico donde se constataron “lesiones leves”. El acta no lleva la firma del joven, pero si el examen de sangre realizado en el mismo lugar, aunque las pericias acabaron determinando que la misma era falsa.
Comisaría 10° de City Bell |
Sin que la locomotora fuera removida aún del lugar, la policía acudió a la casa de “el Rusito” para dar aviso a la familia. Desde un primer momento el fiscal Leandro Heredia convalidó la versión policial de “suicidio”, delegando la investigación en la fuerza. Una serie de irregularidades se presentaron desde entonces en la causa judicial.
La autopsia realizada en la Morgue de la Policía, sostuvo que las lesiones en el cuerpo “habían sido provocadas por la astricción ferroviaria”. Otro médico discrepó de la versión policial, pero no fue agregada al expediente. Las ropas y pertenencias de Christian desaparecieron, mientras que las muestras de ADN entre los dedos del joven, así como el libro de guardia, fueron ocultados por 7 años. A pesar de esto, la carátula de suicidio se mantuvo.
“Hace 7 años que el CIAJ forma parte de esta causa y no nos deja de parecer increíble toda y cada una de las cosas que pasaron, donde se estaban consolidando una situación de clara impunidad alrededor de este crimen”, afirmó la abogada patrocinante de la causa, Sofía Caravelos.
Con los cuatro detenidos acusados de “homicidio agravado por alevosía”, la abogada apuntó que la responsabilidad pesa sobre más funcionarios. En este sentido indicó que se encuentran procesados otros seis policías que estaban esa noche en la comisaría y son acusados de encubrimiento. Otro capítulo corresponde al primer fiscal de la causa, Leandro Heredia, que hoy en día se encuentra al frente de la fiscalía descentralizada de Presidente Perón. Caravelos señaló que a partir del cambio de carátula, y las imputaciones por homicidio, se podría ampliar a las responsabilidades al fiscal Heredia.
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