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Cristian Ferreyra tenía 23 años y era integrante del MOCASE. El 16 de noviembre de 2011 fue asesinado de un escopetazo en campo San Bernardo, localidad de San Antonio, departamento de Copo, en el noroeste de Santiago del Estero. Francisco Javier Juárez está acusado como autor material por “homicidio simple, lesiones graves, amenazas y abuso de armas”. De acuerdo a la instrucción judicial, esa jornada, un grupo armado que actuaba bajo órdenes del empresario Jorge Ciccioli -imputado como partícipe secundario- pretendía desalojar a varias familias de campesinos que vivían y trabajaban en el lugar.
Las jornadas del juicio que se inició el 4 de noviembre, en el que son investigados los hechos de 2011 se reanudaron con los testimonios de integrantes de las comunidades campesinas. De acuerdo a Paulo Aranda, militante de la organización campesina, esos testimonios dejaron en claro que “el negociado de la tierra es el principal problema que desató la muerte de Cristian”. En comunicación con Radio Futura, expresó que “el juicio está bien encaminado” a partir de las pruebas aportadas y los testimonios, y que no tienen expectativa de que las declaraciones de los acusados traigan novedades. “Los testimonios son nuestros porque no pueden decir que hubo agresiones o peleas. Quedo marcado que el asesino hizo 15 kilómetros para matar”, afirmó.
Además de el autor material y del empresario Cicciolli, están imputados Carlos Abregú, Mario Abregú, Víctor Juárez y Walter Juárez. Todos ellos son juzgados, además, por “lesiones graves” en perjuicio de César Godoy y “abuso de armas y amenazas” contra César Ferreyra, Ricardo Galván, Angela Juárez y Mirta Salto.
Por su parte, Aranda contó que las familias querellantes declararon que había denuncias anterioress por la violencia de la banda del empresario y que, en algunos casos, la policía no las quería tomar. Explico que los testimonios dieron cuenta de la inoperancia de la justica, “que no acciona a tiempo cuando suceden estos hechos lamentables, no solo de Cristian sino también de la muerte de Miguel Galván”.
No se está investigando al MOCASE
Aranda, del MOCASE, agregó respecto a los testimonios de los acusados que apuntan a responsabilizar a la organización por la violencia que se vive en el territorio que “tampoco nos aflige mucho, porque siempre en todos lados somos los violentos, los asesinos, los guerrilleros, los que quitamos tierra y nunca es como ellos dicen, ellos pueden prestar testimonios para que hablen mal, seguro son testimonios corruptos, o son negociados conjuntos”, y concluyó que, además, en el juicio “no se investiga al MOCASE sino la muerte de Cristian”.“Ellos hablan del movimiento y no reconocen la existencia de las familias campesinas, ellos quieren hacer el negociado de la tierra, es el principal tema en el asesinato de Cristian”, explicó.
Aranda destacó que el trasfondo de la violencia “tiene que ver con un sistema de acaparamiento de tierras y de respaldo político, donde la justicia mira para otro lado porque saben que es un problema grave y saben que afecta a las comunidades, y que las comunidades no van a renunciar a la tierra”. El militante agregó que “tenemos que estar más unidos porque es el avance del agronegocio, que está furioso. Creo que tiene que haber una decisión política de tratar de solucionar toda esta situación, porque día a día las empresas siguen avanzando y eso preocupa”.
“Esperemos que sea un precedente para los empresarios dejen de contratar matones, porque son ellos los impulsores de toda esta violencia en los territorios”, concluyó Paulo sobre el juicio que tiene carácter de histórico, al ser la primera vez que se juzga a un empresario sojero en el contexto de un conflicto de tierras ante el avance de los agronegocios, que afecta a las comunidades campesino-indígenas.
Irregularidades en el juicio
El MOCASE emitió un comunicado donde denunció que tres niños campesinos tuvieron que declarar en presencia de los acusados. Así, sostienen que la Cámara del Crimen de I Nominación, que preside Elida Suárez de Bravo, “prefirió privilegiar las garantías a la defensa de los imputados por el asesinato, en contra de los criterios jurídicos más elementales”. Esto se suma a otras denuncias contra el Tribunal, como la “negativa a otorgarle el derecho a brindar alegato y exigir penas a (la querella de) las víctimas representadas por el equipo jurídico del Mocase, privando de una potestad importante al campesinado de la región”.
“Aún así, los relatos de los niños tuvieron gran relevancia, confirmando el cobarde hostigamiento de Juárez y su banda a los chicos que acudían a la escuela, afirmando que, mientras amenazaban con secuestrarlos y hacerles daño, mostrando sus armas, el empresario Ciccioli una vez les ofreció que regalaría bicicletas”, informa el comunicado.
Estas irregularidades en juicio se suman a otras ya dadas a conocer por el MOCASE, como la negativa del Tribunal a habilitar a la querella del MOCASE a dar su alegato y pedir penas, “privando de una potestad importante al campesinado de la región”. Además, a prinicpios de noviembre se conoció que el juzgado excluía del proceso judicial al ex policía, Demetrio Palumbo, alegando que no está en condiciones psicofísicas de afrontarlo. La instrucción judicial daba cuenta que Palumbo entregaba armas de grueso calibre a la banda de Ciccioli, una de las cuales fue el arma con la que se asesinó a Cristian.
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