viernes, 15 de noviembre de 2013

Un espacio de consulta sobre aborto en Melchor Romero


Viernes 15 de noviembre de 2013


Entrevista a Luciana Ierace, médica generalista integrante de la Consejería pre y post aborto de Melchor Romero.

Se estima que en Argentina se realizan 500mil abortos por año y la falta de regulación legal somete a las mujeres a prácticas insalubres e inseguras. Sin embargo, en el marco de las normativas vigentes y de disposiciones del Ministerio de Salud, existen numerosos recursos y espacios que atienden a quienes decidan interrumpir un embarazo. Uno de estos ejemplos es la Consejería pre y post aborto que funciona en Melchor Romero como un consultorio interdisciplinario donde pueden acercarse las mujeres a realizar sus consultas y dialogar con los profesionales.






La lucha por la legalización del aborto en Argentina es una tarea que organizaciones sociales vienen llevando hace muchos años; ante la falta de disposiciones legales, las mujeres se ven obligadas a acudir a métodos inseguros para interrumpir embarazos no deseados poniendo en riesgo su salud. A pesar de la falta de legalización, existen espacios y herramientas avaladas por el Ministerio de Salud de la Nación para la atención de problemáticas vinculadas con esta práctica.

En Melchor Romero, funciona desde 2009 una Consejería de Atención pre y post aborto que funciona en las calles 161 y 514 conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales. La consejería, que trabaja en vinculación con el Hospital José Ingenieros, es un espacio de escucha, de contención y de orientación que se adapta a la necesidad que tiene cada mujer. “Principalmente lo que hacemos es  un acompañamiento en la toma de decisiones: hay mujeres que ya vienen con una decisión fuertemente tomada y otas no tanto. Nosotras acompañamos ese proceso. En el caso de que la mujer decida interrumpir una gestación, enrmarcado en la ley y la normativa vigente del Ministerio de Salud, se le da información sobre métodos seguros y se desalientan las prácticas inseguras", aclara Luciana Ierace, médica generalista integrante de la Consejería. Allí realizan atención antes y después de la interrupción de la gestación que incluye controles, cobertura e información acerca de distintos métodos anticonceptivos y acompañamiento psicológico en caso de que sea necesario.

Esta es una de las consejerías que funcionan a lo largo del país y se presentan como  un espacio de encuentro en donde se promueve la toma de decisiones conciente, autónoma e informada; también se abordan temas vinculadosa la sexualidad, los métodos anticonceptivos, situaciones de violencia o abuso, la continuidad o no de un embarazo, entre muchos otros. Requiere que se brinde información clara, actualizada y validada científicamente, expresada en términos sencillos. Inicialmente, el equipo que trabaja en Melchor Romero estaba compuesto por médicas generalistas y obstétricas, pero luego el staff se amplió a trabajadores sociales y psicólogos, enriqueciendo la atención hacia las mujeres. “Todo lo que hacemos es dentro del marco legal, está dentro de la ley, dentro de las normativas vigentes del progra de salud sexual y reproductiva", aclaró la Dra. Ierace.


Cuando el aborto se criminaliza

Esta semana se dio a conocer el caso de una joven de 28 años que recibió distintas formas de maltrato en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires cuando fue a la guardia con un aborto en curso. En violación a la legislación vigente y al deber de confidencialidad, una médica dio aviso a la policía con la presunción de que la interrupción del embarazo había sido provocada por la misma paciente. La joven fue trasladada a la comisaría 53ª de la Policía Federal, donde permaneció detenida durante 10 horas, sin recibir la debida asistencia médica sometiéndola a violencia institucional y obstétrica, de acuerdo con los términos de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El jueves, la legisladora porteña María Rachid presentó una denuncia penal para que se investigue si las médicas que judicializaron a la mujer  incumplieron sus deberes como funcionarias públicas. Este caso volvió a poner en debate los riesgos que atraviesan las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y deben hacerlo en contextos insalubres e inseguros por la ausencia de regulaciones legales.

En ese sentido, la Dra. Ierace opinó que "a una mujer que viene con una situación de aborto nosotros lo vemos como una responsabilidad nuestra en torno a la salud de esa mujer. Ese es nuestro posicionamiento basado en los derechos que todas las personas tienen a la atención médica, más allá de la situacion en la que se encuentre. Dentro de nuestro rol es algo fundamental el secreto profesional: nosotros no somos policías, no somos jueces. Lamentablemente, hay personas que no se manejan con el marco legal y eso nos preocupa, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo”.


Informate

Podés comunicarte con la consejería al (0221) 4782243

También podés consultar la Guía para el mejor tratamiento de la atención post-aborto del Ministerio de Salud acá
 

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