Jueves 11 de agosto de 2011
Entrevista a Eduardo López, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación.
El gobierno de Mauricio Macri presentó una licitación que contempla la instalación de alarmas y cámaras de monitoreo en 330 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentaron una acción de amparo ante la Justicia porteña para que se prohíba la instalación de cámaras de video en escuelas de Capital Federal. Las organizaciones argumentan que existiría una vulneración del derecho a la intimidad de los menores.
En comunicación con RAP, Eduardo López, integrante de la UTE, definió está situación como “una especie de Gran Hermano que se quiere hacer al interior de las escuelas”. Además, advirtió sobre el desconocimiento del destino de las imágenes que se tomen en las instituticones y, en relación a las empresas que estarían a cargo de la instalación de las cámaras, explicó que “se pide que no tengan antecedentes penales económicos, pero no otro tipo de antecedentes”.
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