Miércoles 19 de octubre de 2011
Entrevista a Sebastián Cuccia, asesor legal de vecinos del barrio San Cayetano, de Melchor Romero.
Unos 15 efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, armados con escopetas, se hicieron presentes durante el fin de semana pasado en el barrio San Cayetano de Melchor Romero, para proceder con un registro censal y constatar la situación de los menores que allí viven. En el predio censado, unas 300 familias consiguieron frenar el desalojo que los amenazaba desde hacía tres meses, cuando empujados por la necesidad de una vivienda digna ocuparon un predio en la zona de 526, 528, 161 y 166.
Hace algunas semanas, la jueza de garantías Marcela Garmendia había suspendido la orden de sacar a través del uso de la fuerza a las personas del lugar, anteponiendo como prioridad la necesidad de preservar la integridad física de los menores.
En comunicación con RAP, el abogado Sebastián Cuccia, asesor legal de los vecinos, afirmó que “es una falta de respeto a lo acordado que la jueza mande a hacer un censo policial” en el asentamiento. Dijo que se trata de “un acto de impunidad y de demostración de que la acordada les molesta” y explicó las implicancias de enviar a la policía a hacer un censo de constatación de si hay o no menores por medio de la DDI sin contar con la presencia de funcionarios de la fiscalía ni organizaciones sociales que accionen por derechos de los niños.
Hace algunas semanas, la jueza de garantías Marcela Garmendia había suspendido la orden de sacar a través del uso de la fuerza a las personas del lugar, anteponiendo como prioridad la necesidad de preservar la integridad física de los menores.
En comunicación con RAP, el abogado Sebastián Cuccia, asesor legal de los vecinos, afirmó que “es una falta de respeto a lo acordado que la jueza mande a hacer un censo policial” en el asentamiento. Dijo que se trata de “un acto de impunidad y de demostración de que la acordada les molesta” y explicó las implicancias de enviar a la policía a hacer un censo de constatación de si hay o no menores por medio de la DDI sin contar con la presencia de funcionarios de la fiscalía ni organizaciones sociales que accionen por derechos de los niños.
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