La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entregó a autoridades brasileras documentos que dan cuenta de la persecución de brasileños exiliados en Argentina y argentinos desaparecidos en Brasil en el marco del Plan Condor. El material forma parte del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El aporte se realizó en el marco de los acuerdos firmados por Argentina con varios países del continente a fin de propiciar la cooperación para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
"Fue muy importante hacer este aporte de documentación en función del trabajo de la Comisión por la Verdad de Brasil, que llega décadas después de la restitución de la democracia en el país", explicó Sandra Raggio, directora general de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM. "A partir de la decisión de la presidenta Dilma Rousseff se está llevando a cabo este proceso de verdad que ha costado mucho, porque la transición fue obstaculizada a partir de una ley de amnistía y quedó en suspenso tanto la investigación judicial como también la reconstrucción de la verdad por parte del Estado, aunque muchas organizaciones han trabajado investigando lo que ocurrió durante la larga dictadura", agregó en diálogo con Rap.
La información entregada da cuenta de la persecución policial, en el marco del Plan Cóndor, a militantes y políticos brasileros exiliados en Argentina y tiene un apartado especial con información que la DIPPBA recogió sobre el ex presidente de Brasil, João Goulart, exiliado luego del golpe de Estado de 1964 y fallecido en el noreste argentino en 1976.
La documentación entregada fue producida por los propios organismos de los aparatos represivos que actuaron en distintos países de manera conjunta y bajo la perspectiva de la doctrina de seguridad nacional. "La CPM está aportando esta información que es muy valiosa porque da cuenta del Plan Cóndor, pero también de la existencia de una coordinación entre las agencias de la inteligencia mucho antes de la puesta en funcionamiento de esta operación. Los golpes de Estados pensaban el continente como una región, así como lo pensaban las mismas organizaciones latinoamericanas y la problemática y la relación entre activistas y oganizaciones en el despliegue territorial", dijo Raggio.
Camino brasileño hacia la verdad
La Comisión Nacional de la Verdad –creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011- está investigando las violaciones a los derechos humanos, torturas y asesinatos ocurridos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). Tiene la facultad de exigir documentos públicos, así como indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos de desaparecidos políticos. En abril de 2013, André Saboya, asesor de dicha Comisión, se reunió con integrantes de la CPM a fin de iniciar un trabajo de colaboración conjunta entre las comisiones de ambos países.
"Son 50 investigadores que trabajan muy seriamente en la lucha contra los dictadores en Brasil. Confiamos en lo que se esté haciendo tiene esta intención de construir un relato que dé cuenta del accionar de las dictaduras", contó Raggio. Según retrató , el accionar de la Comisión se da
en un contexto complejo con fuertes tensiones de ciertos sectores por no
rebelar lo ocurrido, principalmente a través de los pactos de silencio entre las altas cúpulas militares y los civiles partícipes de la dictadura.
Este año, en el marco del 50° aniversario del inicio de la dictadura brasileña, el ex militar Paulo Malhães declaró ante la Comisión de la Verdad. En su testimonio, relató, sin muestras de remordimiento, cómo torturó, mató y ocultó cadáveres de presos políticos durante el régimen. También contó que el Ejército le ordenó desenterrar y hacer desaparecer el cuerpo del diputado Rubens Paiva, una de las figuras emblemáticas del movimiento de derechos humanos nacional. Días después, Magalhaes fue encontrado muerto en su cama presentando señales de muerte por asfixia, tras un supuesto asalto que aún no quedó esclarecido. Este caso guarda semejanzas con otro ocurrido en noviembre de 2012, cuando el
también coronel retirado del ejército, Julio Miguel Molina Días, fue
asesinado cuando llegaba a su casa en Porto Alegre. Según
la policía, fue una tentativa de robo de armas. Durante las investigaciones los peritos encontraron en
la casa de Molina la orden de detención y objetos personales y
documentos del diputado, pruebas materiales nunca antes reveladas que
comprobaban incuestionablemente que el diputado había desaparecido en
una prisión del régimen militar.
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