jueves, 31 de julio de 2014

Planean instalar una planta de uranio en Formosa


La Comisión Nacional de Energía Atómica proyecta instalar la planta estatal Dioxitek, que produce dióxido de uranio, en la provincia de Formosa, tras haber sido expulsada de Córdoba, Mendoza y La Rioja por su alto grado de contaminación. El proyecto aún debe ser aceptado o rechazado en instancias legislativas. Raúl Montenegro, Presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), denunció su ilegalidad.





Con nuevo nombre, llamándola NPU, Nueva Planta de Uranio, se instalaría la planta purificadora de uranio que, según las autoridades de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), es ilegal para la legislación formoseña. La empresa ya fue rechazada y expulsada de las provincias en las que se había localizado -Córdoba, Mendoza y La Rioja- por un comportamiento irresponsable ante el cuidado del medioambiente. El interrogante es si es necesario que la Argentina produzca este material radiactivo si son tan grandes las consecuencias ambientales.

Raúl Montenegro (FUNAM)
En comunicación con Rap, Montenegro aseguró que “hay una normativa en la provincia de Formosa que prohíbe todo lo que tiene que ver con uranio, que es el artículo 13 de la ley 1060”. El gobierno provincial realizó un estudio del impacto ambiental de la planta que, según Montenegro, “es un estudio pésimo y con vacíos tan inaceptables como sugestivos”. El informe no menciona las normativas formoseñas que rechazan la instalación de la planta, ni los rebotes que tuvo en otras provincias, ni tampoco la normativa que prohíbe el traslado de uranio natural, dióxido de uranio y otros residuos radiactivos, desde y hasta Formosa por las rutas de Chaco.Chaco fue declarada en 1993 como una provincia no nuclear.

La planta Dioxitek fue expulsada de Córdoba en el mes de octubre del año pasado, luego de haber fracasado por malos manejos ambientales en las ciudades de Peñadero, Embalse y Río Tercero. A su vez, fue rechazada por la provincia de La Rioja, en donde aprobaron una ordenanza para prohibir su localización, y también en Mendoza. “Es una actividad que nadie quiere tener y  nadie la quiere tener por la absoluta falta de seriedad con que manejó las cuestiones ambientales”, afirmó Montenegro.

El presidente de la FUNAM indicó que el intento de radicarse en Formosa no es casual, la empresa -estatal- busca una provincia en la que los reclamos de los habitantes no ocasione nuevamente su expulsión: “La planta llega a Formosa porque hay una gran represión y control por parte del gobierno”, expresó y agregó que “solo les quedaba buscar una provincia feudal, como Formosa, donde las protestas públicas son violentamente reprimidas”.

Uranio en Argentina

Dioxitek es una empresa del Estado, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene el 99% de las acciones y el gobierno de Mendoza, el 1%. La misma produce dióxido de uranio y uranio levemente enriquecido al 0,85%, el llamado ULE. El proceso que realiza es la purificación del uranio natural. Montenegro afirmó que el uranio es un material radiactivo que Argentina no produce, sino que lo importa de países como Australia, Canadá o Sudáfrica. Estos dos materiales radiactivos se envían por vía terrestre al Centro Atómico Ezeiza en Buenos Aires, donde la planta de CONUAR-FAE produce elementos combustibles para las centrales nucleares de potencia y reactores de investigación.

La fabricación del combustible nuclear ULE no es de público conocimiento. Este se obtiene de dióxido de uranio enriquecido que es almacenado por la planta Dioxitek. Su ocultamiento, asegura Montenegro, se debe a que es un material altamente riesgoso. El especialista relató que estos insumos radiactivos se transportan mediante camiones hábilmente disimulados que atraviesan pueblos y ciudades creando riesgos adicionales para sus habitantes.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que pertenece al Ministerio Nacional de Planificación, está a cargo de la instalación de Dioxitek en las diferentes provincias. Montenegro asegura que éste organismo se ha manejado con total irresponsabilidad ante la contaminación que genera la planta y que ha ocultado información a la población.

La contaminación por parte de la CNEA continúa hasta hoy. Actualmente almacena  más de 57.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, sin el cubrimiento de membrana, en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Córdoba. La FUNAM asegura que desde hace décadas la planta Dioxitek viene descargando grandes cantidades de partículas de uranio al aire y a la colectora cloacal.

El uranio es un material muy tóxico que afecta los sistemas renal y óseo, además de otros órganos del cuerpo humano. A se vez, por el hecho de ser radiactivo, es cancerígeno, sobre todo cuando si se lo inhala junto al radón-222. Por esta razón la enfermedad más frecuente en los trabajadores de las minas de uranio es cáncer de pulmón.

En tanto, la CNEA nunca remedió las 7 de las 8 minas de uranio que hubo radicadas en Argentina. A su vez, la única que fue remediada, la de Malargüe en Mendoza, dijo Montenegro: “Es tan deplorable que la CNEA fue multada por el gobierno provincial”. Además, Dioxitek envió a la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael, Mendoza, más de 4.000 barriles con residuos de uranio que fueron descargados sin método alguno sobre las pilas de residuos minerales. La FUNAM denunció judicialmente esto último, que a pesar de haber sido suspendido, los barriles siguen contaminando el ambiente de Sierra Pintada.

Raúl Montenegro afirmó que el uranio es uno de los metales radiactivos que está permanentemente bajando de precio. En Argentina, en realidad, resulta mucho más económico importar el dióxido de uranio que producirlo. Para él, es inexplicable como se mantiene un programa que sólo abastece el 4 o 5 % de dióxido de unario que utiliza el país, considerando el alto costo que requiere para el mismo y lo atribuyó a la política autoritaria y nuclear del ministro de Planificación, Julio de Vido.“La pregunta es por qué la sociedad debe pagar diez mil por algo que se puede pagar 0, 5. ¿Cuál es el sentido de mantener estructuras terriblemente caras, riesgosas y complejas nada más por el capricho de un programa ambiental?”, cuestionó el presidente de la FUNAM.

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