
dañinos para los ciudadanos y ciudadanas.
La Asociación por los Derechos Civiles y la Asociación Pensamiento Penal realizaron el pedido con la finalidad de respetar la libertad religiosa amparada por la Constitución Nacional. En diálogo con Radio Futura, Carlos Lombardi, miembro de la APP, dijo que “imponer simbología religiosa, de cualquiera que sea, y en este caso la hegemónica institución católica, atenta contra los Derechos Humanos”.
En el pedido se solicita que se retiren las imágenes religiosas de los espacios públicos dentro del Poder Judicial, no así de los espacios privados de los funcionarios y funcionarias. “Lo que se solicitó es el retiro de la simbología para respetar la neutralidad del Estado y la libertad de pensamiento de los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó el abogado.
La presentación fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia. En cuanto a los motivos que se presentaron, el integrante de APP dijo que “ se remiten a tradiciones, a costumbres de las mayorías. En nuestro país estamos mal acostumbrados a que las tradiciones no se revisan y que son buenas para todos y todas”.
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También en la Corte Suprema están presentes |
En este sentido dijo que "El argumento que dice que una tradición por ser tradición no se toca, es una falacia” y sostuvo que“no se trata de perseguir ni atacar a ninguna religión, pero es necesario revisar las tradiciones y que se respete la neutralidad del Estado”.
Por otro lado, explicó que en la Argentina no hay una religión oficial: “En el artículo 2 de la Constitución Nacional se declara un sostenimiento de la Iglesia católica pero sólo de carácter económico, es falso decir que es la religión oficial”.
En cuanto al argumento de que los símbolos religiosos no dañan a los ciudadanos y ciudadanas Lombardi manifestó que también es una creencia falsa. “La significación de las imágenes religiosas es puramente subjetiva, será buena para las personas que así lo consideren, que son creyentes, pero para muchas otras puede tener una significación negativa”, afirmó.
La presentación se enmarca dentro de la “Campaña Nacional a favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial” que busca “promover los principios de laicidad estatal e imparcialidad en el ejercicio de la magistratura y el derecho de todas las personas a ser tratadas igualitariamente sin ningún tipo de discriminación por motivos religiosos". La misma ha sido replicada en todos los Superiores Tribunales provinciales y en los Tribunales Orales nacionales.
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