Franco Carballo, abogado especializado en regulación dominial e integrante del FOTIVBA, señaló en diálogo telefónico con Comunidad al Palo! que la jornada está orientada a desarrollar herramientas de gestión que permitan lograr una redistribución equitativa del hábitat, entendido “no sólo como una vivienda con cuatro paredes sino como acceso a espacios libres y a ambientes dignos”. Sostuvo que “los inmuebles son bienes sociales finitos y harto demandados que deben subordinarse a la función colectiva”.
La ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat fue sancionada en noviembre de 2012 y reglamentada el año pasado. Establece que todos los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza, tienen derecho a una vivienda y a un hábitat digno. Carballo la definió como un “instrumento perfectible pero interesante” y exigió que sea respetada por los municipios de la Provincia: “Tenemos que erradicar la disociación entre el texto normativo y la aplicación efectiva”.
Del FOTIVBA participan organizaciones sociales y políticas de la ciudad que trabajan con la problemática territorial y de acceso al hábitat, además de la Universidad Nacional de La Plata y organismos de reconocido prestigio como Techo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros. El abogado convocó a la comunidad en general a participar de la jornada y consideró que será el “punto de partida” para negociar con el Ejecutivo municipal.
“Tomas de guante blanco”
Carballo explicó que existen “tomas invisibles” por parte de inmobiliarias y particulares que tienen “acceso a la información” sobre terrenos abandonados por sus propietarios. La operación consiste en ocupar tierras para, a través de la figura legal usucapión, adquirirlas legalmente transcurridos veinte años. El especialista las definió como “tomas de guante blanco” y aseguró que constituyen una “práctica habitual”, aunque el imaginario social repudie sólo las tomas llevadas a cabo por los sectores más humildes.
En ese marco, Carballo afirmó que el Estado debe intervenir en la regulación del territorio ya que los terrenos abandonados son propiedad estatal, según lo establece el artículo 2.342 del Código Civil. “Si al dueño no le interesa la tierra debe ponerla al servicio de la comunidad”, subrayó, al tiempo que cuestionó la “opacidad” del Estado respecto a esta problemática. En ese sentido, remarcó la necesidad de desarrollar acciones destinadas a la prevención del déficit habitacional y trazó un paralelismo con las políticas en materia de salud: “De nada sirve curar si no hay medicina preventiva; lo mismo ocurre con las políticas sobre el territorio”.Cabe agregar que la distribución desigual del territorio, tal como enfatizó Carballo, deja al descubierto profundas brechas sociales. En la provincia de Buenos Aires coexisten countries habitados por la clase media-alta y villas miserias y asentamientos donde viven los sectores más vulnerables. Esas “desigualdades manifiestas son focos de inseguridad”, expresó el abogado, ya que “la violencia social tiene una estructura causal”.
Entrevista completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario