Las páginas webs de Glew, Almirante Brown y Mar del Plata publicitaron procedimientos que realizaban agentes municipales de las áreas de seguridad junto con policías. Los agentes detenían colectivos de línea urbana, y hacían bajar a algunos pasajeros para revisarlos. Rodrigo Pomares de la CPM se mostró sorprendido ante los anuncios de los municipios. Aseguró que las prácticas ilegales se comprueban luego de una indagación y declaración de las víctimas, en cambio en estos casos los municipios lo anunciaron positivamente como una política de prevención municipal.
Desde la CPM aseguraron que las fotografías presentan un vínculo con la dictadura militar, cuando eran una postal corriente. "Con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror, con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de las personas", indicaron desde la comisión provincial. A su vez, agregaron que "si estos hechos de hoy se naturalizan, se estarían reinstaurando mecanismos repudiables que una democracia de treinta años no puede permitir si quiere seguir consolidándose y ampliando derechos".
Desde el organismo consideran que la declaración de emergencia en materia de seguridad da lugar a que se produzcan estas irregularidades. En palabras de Pomares, la declaración “es una naturalización y apología de este tipo de acciones” y apuntó que se dictó inmediatamente después de los linchamientos de vecinos contra supuestos ladrones callejeros. “Este tipo de anuncios refuerzan las políticas demagógicas y punitivas a la vez que exacerban la función represiva del estado”, afirmó.
Pomares señaló que estas prácticas vulneran dos derechos fundamentales: la libertad y la presunción de inocencia. Según la ley los únicos motivos por los que puede ser coartada la circulación del ciudadano son por una orden de un juez o por haber sido encontrado por personal policial cometiendo un delito. De lo contrario “son arbitrarias ya que están orientadas según un principio discriminatorio que, por lo general, tiene que ver con el perfil de los sectores populares” dijo Pomares refiriéndose a los operativos realizados en el transporte público.
Pomares remarcó que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de lo sucedido en los municipios bonaerenses “el principio de inocencia se dio vuelta: si alguien me quiere revisar tengo que demostrar que soy inocente” graficó.
El estado de emergencia en materia de seguridad fue declarado el 5 de abril. Fue sancionado los días siguientes a que se sucedieran linchamientos en varias ciudades del país contra supuestos ladrones. La medida implica que el Ministerio de Seguridad disponga de un presupuesto mayor al pautado a principios de año en la legislatura provincial, y que se efectivice sin tener que pasar por los mismos mecanismos legislativos.
Desde la CPM aseguraron que las fotografías presentan un vínculo con la dictadura militar, cuando eran una postal corriente. "Con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror, con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de las personas", indicaron desde la comisión provincial. A su vez, agregaron que "si estos hechos de hoy se naturalizan, se estarían reinstaurando mecanismos repudiables que una democracia de treinta años no puede permitir si quiere seguir consolidándose y ampliando derechos".
Pomares señaló que estas prácticas vulneran dos derechos fundamentales: la libertad y la presunción de inocencia. Según la ley los únicos motivos por los que puede ser coartada la circulación del ciudadano son por una orden de un juez o por haber sido encontrado por personal policial cometiendo un delito. De lo contrario “son arbitrarias ya que están orientadas según un principio discriminatorio que, por lo general, tiene que ver con el perfil de los sectores populares” dijo Pomares refiriéndose a los operativos realizados en el transporte público.
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| Operativo publicitado por la Municipalidad de Mar del Plata |
Pomares remarcó que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de lo sucedido en los municipios bonaerenses “el principio de inocencia se dio vuelta: si alguien me quiere revisar tengo que demostrar que soy inocente” graficó.
El estado de emergencia en materia de seguridad fue declarado el 5 de abril. Fue sancionado los días siguientes a que se sucedieran linchamientos en varias ciudades del país contra supuestos ladrones. La medida implica que el Ministerio de Seguridad disponga de un presupuesto mayor al pautado a principios de año en la legislatura provincial, y que se efectivice sin tener que pasar por los mismos mecanismos legislativos.
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