Al calor de la discusión por la relocalización de la zona roja, en la ciudad de La Plata, el colectivo trans y travesti vio la necesidad de plantearle al estado sus necesidades prioritarias. Así fue que elaboraron un documento donde expresaron cuáles son las políticas públicas más urgentes para avanzar hacia el cumplimiento de sus derechos, que entregaron a diputados y diputadas bonaerenses.En el marco de una jornada denominada “Políticas públicas, avances y desafíos, para el colectivo trans y travesti”, realizada a principios de septiembre en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, activistas trans y travestis presentaron un documento titulado "Políticas de inclusión y reconocimiento para el colectivo trans y travesti". El mismo fue elaborado junto a organizaciones sociales y feministas, y al Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo. Luego de la jornada, Laurana Malacalza, directora del OVG, expresó en comunicación con Radio Futura que “claramente hay una deuda del estado provincial y nacional”. “La ley de identidad de género ha sido un avance en el reconocimiento de identidades preexistente, pero a partir de ese reconocimiento no se han definido otro tipo de políticas públicas”, explicó.
En mayo de este año, en un contexto de redadas policiales con detenciones masivas y criminalización mediática de las trans y travestis en situación de prostitución, -medios locales como el Día las etiquetaron como las “narcotravestis”- la Municipalidad de La Plata intentó cerrar un acuerdo para trasladar la zona roja, de 1 y 66 hacia el Bosque platense. Si bien, de hecho, la policía corrió a las trans y travestis de la zona de 1 y 66, el proyecto fracasó ante la oposición de padres y directivos del Colegio Albert Thomas. La iniciativa era apoyada por la organización OTrans, mientras que otras activistas trans y travestis, acompañadas por el Centro de Investigación Jurídica (CIAJ), señalaban que el colectivo necesitaba políticas integrales y un cese a la persecución. Así, apuntaban que mudarlas al Bosque sólo significaría más aislamiento y desprotección. En el marco de ese debate, las activistas de la Asociación por la Identidad Sexual Platense (AISP) se comenzaron a reunir en mesas de trabajo en las que se elaboró, junto a otras organizaciones y al Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el documento de políticas públicas para el colectivo trans y travesti.
“Con este documento y esas mesas de trabajo que realizamos durante tres meses, queríamos apuntar a una discusión más profunda de la temática, para que ´lo trans y travesti´ no quede visibilizado exclusivamente cuando aparecen cuestiones relacionadas a la prostitución, o a la criminalización por la tenencia de estupefacientes. El problema es mucho más serio y las definiciones tiene que ser mas integrales”, indicó Laurana Malacalza.
Cupo laboral
Por otro lado, en la jornada realizada en la Legislatura bonaerense, la diputada del Frente para la Victoria, Karina Nazábal, presentó un proyecto de ley para reservar un 1% del cupo laboral en la administración pública provincial para el colectivo trans y travesti. El texto también propone crear la figura del defensor del pueblo adjunto para el colectivo LGBTTI.
Malacalza destacó la importancia de la iniciativa de Nazábal pero reconoció que es solo un “parche”: “Es cierto que es un parche o es el inicio de lo que deberían ser políticas públicas más integrales”. Y agregó que “La activista Marlene Wayar dice ´yo espero que el estado venga y me pida perdón`. El estado tiene que pedirles perdón por la persecución policial, por la imposibilidad de acceder a derechos a los que otros sectores sociales accedemos”.
En tanto, en las mesa de trabajo que se realizaron en la jornada, participaron el la Asociación por la Identidad Sexual Platense (AISP), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, la Agrupación Jóvenes por la Diversidad, la Fundación Buenos Aires Sida, la Coordinadora de Futuro Trans, el Colectivo de Investogación y Acción Juridica (CIAJ), entre otros. Se realizaron paneles donde las activistas trans y travesti expusieron cuáles eran sus prioridades. Malacalza explicó que, por un lado, resaltaron la necesidad de políticas de previsión social para las adultas mayores trans y travestis, “que son casi sobrevivientes de una época de mucha persecusión, de casi un nulo acceso a la salud sexual y demás derechos”. Otro sector vulnerable son las niñas y jóvenes trans y travesti, sobre todo, en materia de acceso a la salud y a la educación, detallaron.
Un debate que desafía
Pese a la relevancia de la temática y el alto nivel de vulnerabilidad del colectivo trans y travesti, Malacalza reconoce que a muchos funcionarios, e incluso a organizaciones sociales y feministas, les cuesta dar el debate. “No había legisladores presentes en la jornada y había muy pocos asesores; no estaba el grupo de mujeres de la provincia, no estaba la mayoría de las organizaciones de mujeres y de organización feministas, y no estaban los movimientos sociales”, puntualizó. “La persona travesti apunta al corazón mismo del pacto social, que es el reconocimiento de las identidades. En el binomio hombre-mujer todos nos sentimos muy cómodos, y cuando eso se rompe y surgen otras propuestas, las reacciones son reaccionarias. Por eso, plantean un desafío muy grande”, analizó Malacalza.
“Nadie se hace mucho cargo de ese debate que plantean las personas trans y travestis, porque el debate es de fondo es sobre cómo estamos constituidos como sociedad y cómo pensamos nuestras identidades. La reacción más obvia es la conservadora y ahí aparece fácilmente la ridiculización”, explicó. “Hay debates que parecen logrados pero en realidad cuando se pone en discusión el basamento social todo el mundo lo ridiculiza. Por eso estamos tan retrasados en materia de políticas públicas”, concluyó la directora del OVG.
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