Miércoles 19 de marzo del 2013
Foto: www.andaragencia.org |
En diálogo con el programa Clase Turista de Radio Estación Sur FM 91.7, Alicia Romero, directora del Programa de Inspecciones de la CPM, dijo que “si bien los niños no están privados de su libertad en un concepto judicial, lo cierto es que padecen las mismas condiciones de encierro que su madre”. Para ejemplificar, Romero recordó la represión que en el 2010 sufrieron las mujeres de la Unidad 33 en donde los gases lacrimógenos y las balas de goma también afectaron a los niños allí alojados.
La directora del Programa de Inspecciones aseguró que la normativa vigente, tanto nacional como internacional, promulga el interés superior de los niños y niñas. En este sentido, asegura, se debería considerar que las madres con niños menores de edad tengan prisión domiciliaria. Pero “lo cierto es que en los hechos tenemos un sistema punitivo que lo que hace es asegurar el encierro por cualquier otro derecho”.
Cabe mencionar que la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad -tanto la nacional como la provincial- establecen entre los supuestos que habilitan la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas, y a las mujeres con hijos e hijas menores de cinco años.
Oriana y Santino
Los niños cuyas madres están privadas de su libertad pueden vivir en las unidades carcelarias hasta los cuatro años de edad inclusive. En estos casos se prioriza el vínculo familiar, por ello hay pabellones especiales para la contención de las madres y sus hijos e hijas. Sin embargo, tras la muerte de Oriana y Santino quedó al descubierto el déficit asistencial.
En febrero, luego del fallecimiento de Santino las mujeres de la Unidad 33 publicaron un comunicado en el que aseguraron que la integridad física de los niños allí alojados estaba en peligro dada la falta de un sistema de salud primaria adecuado.
“La pericia médica dio cuenta de la falta de culpabilidad de la madre, quien además se halla sobreseída en su causa judicial y puso de manifiesto la responsabilidad del estado en dicha muerte” afirmaba la carta.
El comunicado se dirigía a organismo de derechos humanos y de niñez, entre ellos la CPM. Solicitaban que se hicieran efectivas distintas medidas para garantizar la asistencia en materia de salud de los niños y de sus madres. A su vez se reservaron el derecho de iniciar nuevas acciones si en el plazo de treinta días no se aplicaba lo pedido.
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