La difusión a principios de marzo del anteproyecto de reforma del código penal encendió un acalorado debate entre sectores políticos y sociales. El mismo fue elaborado por una comisión compuesta por Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Nación, Carlos Arslanian, el ex diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR), el diputado Federico Pinedo (Pro) y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata (FAP) luego de dos años de trabajo. Sin embargo, su difusión en diarios nacionales provocó un estallido de repudios, encabezados principalmente por el ex intendente de Tigre, Segio Massa.
Ante esta situación, el Acuerdo por una Seguridad Democrática elaboró un documento que consiguió la adhesión de diputados principalmente del Frente Para la Victoria pero también de la UCR, el FAP y el GEN entre otros. De igual manera firmaron el documento organizaciones y académicos , entre quienes se cuenta a decanas de tres facultades de la UNLP: Veronica Cruz - Facultad de Trabajo Social- , Florencia Saintout -Facultad de Periodismo y Comunicación Social- y Aníbal Viguera – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-.
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| La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, recibió el anteproyecto para la reforma del código penal el 13 de febrero |
Una de las mayores críticas que se le realizó al anteproyecto de reforma, es la reducción de la pena para determinados delitos. En este sentido es que en el documento argumentan que “las políticas basadas en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país y sólo aumentaron la violencia. La falta de democratización de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito.”
Finalmente en el documento se sostiene que “desde el Acuerdo para una Seguridad Democrática, creado con el propósito de fomentar una discusión abierta y pluralista, basada en consensos mínimos sobre las políticas públicas de seguridad en democracia, valoramos el proceso de elaboración del anteproyecto en el que se comprometieron diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate.”
El acto se realizó el jueves en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Participaron de la presentación del documento Hugo Cañón, Horacio Verbitsky, los diputados nacionales por el FPV Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso, el diputado por la UCR, Manuel Garrido, el legislador de la Ciudad por FPV, Jorge Taiana, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori y Raquel Witis, víctima de la violencia policial. También estuvieron presentes diputados nacionales y provinciales, así como funcionarios políticos y judiciales.
En el cierre de la presentación, luego de la lectura del documento, tomó el micrófono el periodista de Página 12 y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky. Este afirmó que “estamos seguros que el objetivo de pacificar la sociedad argentina no se consigue incrementando los niveles de violencia y no se consigue torpedeando los acuerdos transversales entre distintas fuerzas políticas que, paradójicamente, son el reclamo constante de los mismos que, cuando se producen, los denuncian y sabotean.”
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