Sábado 7 de diciembre de 2013
Entrevista a María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
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| Fuente: Indymedia |
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el viernes 29 de noviembre su Informe anual sobre la situación represiva en Argentina, en un acto realizado en Plaza de Mayo. El trabajo reveló que desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 hasta fines de noviembre de 2013 hubo 4011 personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
“Es una herramienta necesaria para todas las organizaciones y los militantes porque nos permite evaluar con qué metodología se reprime en nuestro país”, dijo en Comunidad al Palo! María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, aunque señaló que el informe es “una radiografía indudablemente incompleta” porque “nunca llega a cubrir la totalidad de los casos”.
Verdú destacó que de los 4011 hechos relevados, 2448 ocurrieron en la última década y afirmó que eso “da la pauta de que los gobiernos constitucionales aplican diariamente el disciplinamiento social y la represión selectiva sobre los trabajadores organizados”.
Además de la realización del informe, CORREPI diseñó el sitio web Archivo de Casos, en el que volcó los datos relevados durante las tres décadas de democracia. Allí pueden buscarse los casos de las personas asesinadas por la represión estatal según distintas variables, tales como año, provincia, edad, sexo y fuerza represiva.
“Cada vez es más difícil poder corroborar la información y encontrar datos en la prensa”, aseveró Verdú, ya que pese a las facilidades tecnológicas y a la capacidad del equipo de investigación del organismo “cada vez da más trabajo realizar un seguimiento porque, una vez acallado el escándalo inicial, los casos desaparecen por completo de los medios”. Por tal motivo, destacó el trabajo de las organizaciones antirrepresivas y de quienes facilitan datos sobre lo que sucede en sus barrios: “La confección del archivo sería imposible sin el aporte constante que recibimos”.
Una política de Estado
La abogada aclaró que el aparato represivo no está representado únicamente por las fuerzas de seguridad, que son “sólo las que aprietan el gatillo”. “Tenemos que considerarlo como la expresión concreta de la política de Estado a través de todos sus órganos”, precisó; en esa línea, sostuvo que la responsabilidad por los casos de gatillo fácil, los asesinatos en las cárceles y las desapariciones, entre otras modalidades represivas, es de los tres poderes republicanos.
“Al lado del Poder Ejecutivo, que maneja el aparato represivo de uniforme, y del Judicial, que son los represores de traje y corbata con el Código bajo el brazo, está el Legislativo, que dota a los jueces y a las fuerzas de seguridad de la normativa que legitima la represión”, explicó Verdú. En relación a esto último, apuntó contra las figuras legales creadas para reprimir la protesta social –como la Ley Antiterrorista sancionada en 2007– y las leyes que impiden a los sectores vulnerables la obtención del beneficio de la excarcelación y la posibilidad de acceder a la legítima defensa en un juicio justo.
El rol de los medios
Verdú aseguró que los medios de comunicación que reproducen el discurso dominante también actúan como legitimadores del accionar represivo ya que delimitan la agenda de discusión social y estigmatizan a los sectores pobres. “Si bien no siempre logran decirte cómo tenés que pensar, sí logran decirte sobre qué tenés que pensar”, remarcó, mientras que criticó a los medios que “hacen propio el discurso de lo que llaman opinión pública, que en realidad es opinión publicada”.
“Si le vamos a creer a los medios –opinó–, el origen de todos nuestros males está en la existencia de criaturas de 14, 15 o 16 años que son los que aterrorizan a la población y que si los extermináramos a todos viviríamos muy tranquilos y felices”.
Asimismo, la abogada advirtió que ciertas construcciones periodísticas tergiversan la información y estigmatizan a determinados actores sociales. Entre otros ejemplos, mencionó el uso de la frase “confuso episodio” para hablar de casos de gatillo fácil y de la palabra “menores” para referirse a los chicos pobres que delinquen. “El lenguaje nos atraviesa y hay muchos términos que nos ganan sin que nos demos cuenta; por eso insistimos en resistir esos lugares comunes”, concluyó.
Verdú destacó que de los 4011 hechos relevados, 2448 ocurrieron en la última década y afirmó que eso “da la pauta de que los gobiernos constitucionales aplican diariamente el disciplinamiento social y la represión selectiva sobre los trabajadores organizados”.
Además de la realización del informe, CORREPI diseñó el sitio web Archivo de Casos, en el que volcó los datos relevados durante las tres décadas de democracia. Allí pueden buscarse los casos de las personas asesinadas por la represión estatal según distintas variables, tales como año, provincia, edad, sexo y fuerza represiva.
“Cada vez es más difícil poder corroborar la información y encontrar datos en la prensa”, aseveró Verdú, ya que pese a las facilidades tecnológicas y a la capacidad del equipo de investigación del organismo “cada vez da más trabajo realizar un seguimiento porque, una vez acallado el escándalo inicial, los casos desaparecen por completo de los medios”. Por tal motivo, destacó el trabajo de las organizaciones antirrepresivas y de quienes facilitan datos sobre lo que sucede en sus barrios: “La confección del archivo sería imposible sin el aporte constante que recibimos”.
Una política de Estado
La abogada aclaró que el aparato represivo no está representado únicamente por las fuerzas de seguridad, que son “sólo las que aprietan el gatillo”. “Tenemos que considerarlo como la expresión concreta de la política de Estado a través de todos sus órganos”, precisó; en esa línea, sostuvo que la responsabilidad por los casos de gatillo fácil, los asesinatos en las cárceles y las desapariciones, entre otras modalidades represivas, es de los tres poderes republicanos.
“Al lado del Poder Ejecutivo, que maneja el aparato represivo de uniforme, y del Judicial, que son los represores de traje y corbata con el Código bajo el brazo, está el Legislativo, que dota a los jueces y a las fuerzas de seguridad de la normativa que legitima la represión”, explicó Verdú. En relación a esto último, apuntó contra las figuras legales creadas para reprimir la protesta social –como la Ley Antiterrorista sancionada en 2007– y las leyes que impiden a los sectores vulnerables la obtención del beneficio de la excarcelación y la posibilidad de acceder a la legítima defensa en un juicio justo.
El rol de los medios
Verdú aseguró que los medios de comunicación que reproducen el discurso dominante también actúan como legitimadores del accionar represivo ya que delimitan la agenda de discusión social y estigmatizan a los sectores pobres. “Si bien no siempre logran decirte cómo tenés que pensar, sí logran decirte sobre qué tenés que pensar”, remarcó, mientras que criticó a los medios que “hacen propio el discurso de lo que llaman opinión pública, que en realidad es opinión publicada”.
“Si le vamos a creer a los medios –opinó–, el origen de todos nuestros males está en la existencia de criaturas de 14, 15 o 16 años que son los que aterrorizan a la población y que si los extermináramos a todos viviríamos muy tranquilos y felices”.
Asimismo, la abogada advirtió que ciertas construcciones periodísticas tergiversan la información y estigmatizan a determinados actores sociales. Entre otros ejemplos, mencionó el uso de la frase “confuso episodio” para hablar de casos de gatillo fácil y de la palabra “menores” para referirse a los chicos pobres que delinquen. “El lenguaje nos atraviesa y hay muchos términos que nos ganan sin que nos demos cuenta; por eso insistimos en resistir esos lugares comunes”, concluyó.
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