Guatemala en búsqueda de memoria, verdad y justicia

Lunes 23 de diciembre de 2013

Entrevista a Brenda Oliva Lara, integrante del grupo de solidaridad Guatemala-Argentina.

El pasado 10 de mayo, el dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por la masacre de indígenas maya ixiles durante su gobierno de facto, entre 1982 y 1983. El veredicto llegó treinta años después de que los crímenes fueran cometidos y trece años más tarde

de que los sobrevivientes presentaran la denuncia ante el Ministerio Público. Diez días después de este anuncio, la Corte de Constitucionalidad  dejó la sentencia sin efecto en respuesta a un pedido de la defensa. Ahora, Ríos Montt pide su amnistía.

El 10 de mayo, el dictador José Efraín Ríos Montt se convirtió en la primer persona en recibir la condena por genocidio y delitos de lesa humanidad en Guatemala. A sus 86 años, fue juzgado por ordenar y dirigir planes de guerra para localizar y exterminar a más de 1700 miembros de la etnia ixil; se llegó a esta instancia procesal 13 años después de que organismos de derechos humanos interpongan la correspondiente denuncia y a más de 30 de los hechos.

“Ha sido todo un recorrido de lucha desde el `96 con la firma de los Acuerdos de Paz, en donde se establece la Comisión de Esclarecimiento, desde ese momento los militares se opusieron y negaron al esclarecimiento de los hechos, Sin embargo, a partir de ahí, se hace un recuento del terror y el horrorque Guatemala vivió en ese período de violencia”, explicó Brenda Oliva Lar, integrante del grupo de solidaridad Guatemala-Argentina. Según datos de la comisión, en el período 1960 y 1996 se registran alrededor de 200.000 víctimas asesinadas y 50.000 desaparecidos en una población que apenas llegaba a los 8 millones en ese momento. Casi un cuarto de millón de personas cuyo paradero se desconoce o bien fueron masacradas. En este mismo informe, se afirma que la exacerbación de la violencia se contabiliza cuando fue jefe de facto Ríos Montt.

Los caminos de la justicia

En 1999, la reconocida activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó cargos ante la corte española por genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra 8 militares de alto mando, entre ellos, Ríos Montt. Después de un intenso debate y cuestiones de principio legal internacional, el tribunal de España avaló que se investigue el genocidio en el país. En el 2006, el juez español Santiago Pedraz solicitó el embargo de bienes, bloqueo de cuentas y orden de detención internacional al dictador;  sin embargo, la corte de Guatemala determinó que el país europeo  no tenía competencia para esta instrucción y dejó sin efecto la solicitud de extradición.

Finalmente, el reciente juicio se llevó a cabo por una denuncia interpuesta en el 2001 ante el Ministerio Público, donde están los sobrevivientes del genocidio del  ixil. La denuncia acusó a altos miembros de las fuerzas armadas, principalmente, a Ríos Montt que encabezaba la dictadura. En ese momento, el Ministerio Público no avanzó porque no tenía creada la fiscalía de derechos humanos, que se se conformaría cuatro años después. En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, que según contó Brenda Oliva "se caracterizó por una apertura democrática en represión y violencia del pasado reciente en Guatemala", es asignada la doctora Claudia Paz como fiscal general, quien fortalece la institución y empieza a tomar en cuenta las denuncias por delitos de lesa humanidad. El juicio a Ríos Montt recién pudo iniciarse el 28 de enero 2013, luego de que finalizara su impunidad parlamentaria, y dispuso como otro de los acusados al general José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia durante la dictadura de Montt; a otros dos militares acusados se les dio amnistía por cuestiones de salud. Entre el 19 de marzo al 10 de mayo se realizó el debate oral y público que implicó más de 100 testigos, peritajes de cientistas sociales y una revisión de los documentos del plan de operaciones Sofìa, que contenía proyectos que dan cuenta del exterminio para la comunidad ixil.

Una condena, muchos debates

El 10 de mayo, a Rìos Montt se lo sentencia por crímenes de lesa humanidad y genocidio y a Rodríguez Sánchez se lo absuelve porque el Tribunal declara no encontrar pruebas suficientes. Días después, el veredicto fue declarado nulo: “la anulación está inmersa en una situación política en la que Guatemala reactivó conflictividades, debates y pugnas. En el desarrollo del juicio surgieron nuevas conflictividades, hubo una campaña surgida a partir de la Fundación Antiterrorista, una ONG de familiares y militares retirados, que decían que de juzgarse el genocidio podría exacerbarse la violencia en el país, decían que las organizaciones de derechos humanos estaban propagando el terrorismo interno y la desestabilización social. Hay que tener en cuenta que el último presidente, Otto Pérez Molina, está vinculado a masacres cometidas en el área ixil porque también era Mayor del Ejército en ese momento y hay pruebas de su participación en la represión", explicó Oliva. Además, contó que este año hubo una campaña que utilizó como lema `Los guatemaltecos no somos genocidas`, "donde juegan con la identidad nacional, suponen una identidad blanca bastante racista donde no esta tomada en cuenta la diversidad étnica que tiene Guatemala".

El pedido de amnistía

Si bien se otorgó la anulación parcial del proceso pedida por su defensa, ahora el pedido es la amnistía, "cuestión que no cabe dentro de la legalidad", afirmó Oliva, a la par que remarcó que Ríos Montt es la primera persona a la que se condena por genocidio en Guatemala. Por crímenes de lesa humanidad se habían condenado a militares de rango medio por desaparición forzada y una masacre cometida en el norte del país.

"Respecto a América Latina, Guatemala tiene una gama de debates en la que se pueden entramar los pasados recientes de nuestros países que han sido la búsqueda de la justicia, el esclarecimiento, la verdad,  pero también poner en cuestión lo que ese período supone para nuestra historia", dijo Oliva a la vez que afirmó que la anulación de la sentencia a Ríos Montt sería un retroceso para el pueblo guatemalteco.

Descargar entrevista completa

• Para consultar el informe “GENOCIDIO EN GUATEMALA: RÍOS MONTT CULPABLE” de la Federación Internacional de Derechos Humanos hace click acá.