Como tantas otras investigaciones por narcotráfico, la causa Nordelta se inicia con una denuncia anónima e imposible de rastrear. Un informante de la policía, una sospecha que se desprende de otra causa judicial y se presenta como un aviso anónimo, son algunas de las posibilidades. Sin embargo, la excepción en esta investigación judicial es que se logró llegar a lo que suele el interés nunca tocado en las causas por narcotráfico: el dinero.
Todo empezó en 2013 con un cargamento incautado en Morón de 114 kilos de cocaína que provenía de Perú y debía llegar a Europa. En el operativo se detuvieron 11 personas, entre ellas el colombiano Jesús Antonio Yepez Gaviria y su esposa. Sin embargo, sin pruebas para procesarlos por narcotráfico, el juez Santa Marina los acusó de lavado de dinero. De allí se desprendió una enorme investigación sobre las redes construidas para lavar el dinero proveniente de la venta de droga.
Uno de los ejes de esta causa son los fideicomisos inmobiliarios por un valor de 200 millones de pesos. El portal de noticias Infojus, que brindó los detalles de la investigación, aseguró que “ninguno cumplió con la obligación de informar sobre sus integrantes ni sobre sus beneficiarios”. A su vez, señaló también en el artículo que “ el 70% de los 250 inversores de los fideicomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero”.
Una de las figuras principales detrás de los fideicomisos es el arquitecto Walter Mosca, quien tenía contactos telefónicos con el narcotraficante Yepez Gaviria. Su nombre figura en las dos empresas más comprometidas en la investigación: Obras de Arquitectura SRL, dedicada a planificación de los proyectos, y Oda Constructora SA. La AFIP denunció en mayo a esta última por una deuda de 14,38 millones de pesos y a la otra por 2,7 millones.
Sebastián Ortega fue uno de los periodistas de Infojus que participó en la elaboración del artículo Narcodelta: la ruta del dinero, donde se dan a conocer los detalles de la red de lavado. En comunicación con Rap señaló que la investigación logró avanzar a partir de las sospechas de que los profesionales y empresarios formen parte del delito de narcotráfico y, a su vez, no puedan justificar la procedencia de su dinero. A pesar de las sospechas, aún no se encuentran elementos que permitan el procesamiento de los integrantes de la red. En este sentido, la Justicia recién ha empezado a analizar las potenciales pruebas: 14 cajas grandes de facturas, balances de las empresas y más documentación.
Otro elemento con el que cuenta la causa son las escuchas telefónicas. Allí se encuentran conversaciones de contadores y abogados explicando a los narcotraficantes cómo eludir la AFIP. Ortega indicó que “directamente les dicen cómo tienen que generar los balances o hacer las presentaciones, a nombre de quien poner los bienes para que la AFIP no detecte la pista del lavado".
Luego de meses de investigación, aún resta una de las más grandes incógnitas: el destino del dinero. “La Justicia todavía no logró encontrar cuentas bancarias donde estuvieran los nombres, no lograron encontrar muchísimos de los bienes en los que habrían invertido los narcos, solamente las propiedades a nombre de ellos que eran pocas para la magnitud del negocio investigado”, explicó Ortega. De todas maneras, se encontró una gran presencia de prestanombres y testaferros. El periodista no descartó que de continuar avanzando la investigación, los bienes que forman parte del lavado de dinero acaben siendo confiscados.
¿Por qué Nordelta?
El dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró que la presencia de narcotraficantes en el Nordelta se debía a la seguridad de Tigre. Sin embargo, Ortega afirmó que “lo que demuestra esta causa es que instalarse en Nordelta les permitía hacer numerosos negocios y blanquear dinero a metros de su casa”. Ilustró su apreciación señalando que “las oficinas de los narcos y de las empresas estaban en el mismo edificio que los profesionales investigados, invertían en esos mismos edificios”.
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