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"Entendemos que esta causa se abre en represalia por la lucha de los trabajadores de la Dirección General de Escuelas que empezó al poco tiempo que la directora Nora de Lucía asumiera en 2012 como tal con una impronta de ajuste", expresó Silvia Valdez, , una de las procedas, en diálogo con Micrófono Abierto a los Trabajadores. En ese momento, los trabajadores estuvieron 11 días realizando una toma del edificio de la cartera educativa, ubicado en 13 y 56. La lucha había empezado antes repudiando los despidos de 144 trabajadores y el recorte a la compensación salarial (una parte del sueldo de bolsillo horas extras y viáticos). La toma del edificio se levantó cuando la ministra de educación decidió la reincorporación de todos los trabajadores y la anulación de la quita de las compensaciones .
Casi un año después de las protestas, el 14 de mayo de 2013, cinco trabajadoras y trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación fueron detenidos por la policía. Desde la junta interna de ATE Educación, caracterizaron como "secuestro" al operativo en que el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) actuó en autos de civil y sin llevar uniformes. Cuatro de los detenidos -Miguel Ciappina, Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, y Silvia Valdez- formaban parte de la Junta Interna de ATE Educación, mientras que otro de los detenidos, Marcelo Ardeti, integraban la agrupación “Hijos del 55”. También fue procesada, pero no detenida, Giselle Mendoza, delegada de ATE Educación. Los gremialistas fueron conducidos a la dependencia de la DDI donde estuvieron detenidos hasta ser llevados a declarar frente al juez César Melazo. Recién al día siguiente por la tarde fueron liberados.
La causa fue reactivada a fines de marzo, cuando el fiscal Tomás Morán solicitó la elevación a juicio de la causa por el delito de "coacción agravada" donde se juzga a seis gremialistas platenses por una acción producida el 31 de octubre de 2012 cuando se realizaba una asamblea de trabajadores en la Dirección General de Cultura y Educación. En el requerimiento del fiscal se sostiene que en aquel entonces “un grupo de personas ingresó a la fuerza a dependencias privadas, concretamente a los despachos de la titular de la cartera educativa y sus funcionarios, para lo cual debieron forzar puertas y romper vidrios, todo mediante la utilización de amenazas contra la integridad física de quienes se desempeñaban en el área, en especial del por entonces subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Claudio Crissio, a quien obligaron a firmar un acta en la que se reconocía carácter de compensación salarial a las horas extras devengadas, sin poder el funcionario negarse a tal acción, en virtud de la intimidación de la que fue víctima”.
La protesta criminalizada
La gremialista explicó que "esto es una causa política, por lo tanto hay una connivencia evidente entre Nora de Lucía, el juez, el fiscal y nosotros entendemos que el intento de la elevación a juicio no es casual. Tiene toda una connotación, estamos dese fines de febrero con un proceso de lucha muy importante que se abre con la paritaria que queremos un aumento digno, ahí se cierra la paritaria con aceptación de algunos gremios pero se cierra sólo formalmente porque el malestar es muy fuerte, sobre todo en Educación. Nosotros seguimos con un proceso muy importante de paros, suspensión de tareas y protagonismo en el paro docente que acompañamos fervientemente". A su vez, afirmó que esta situación es parte de las políticas encaradas por Nora de Lucía: "con este vaciamiento hay una apertura a la privatización de la educación".
"Nuestra causa es otro de los elementos represivos de la última semana, que hubo dos represiones a Desarrollo Social, en la Panamericana, en Salta a trabajadores azucareros y, sumado a esto, el anuncio de (el gobernador bonaerense) Scioli de un plan de seguridad: no hay plata pero aparece para pagar este nuevo plan. Por eso, no desvinculamos nuestra causa de este contexto de criminalización de la protesta , es la contracara del ajuste", concluyó la Valdez.
Descargar fragmento Silvia Valdez
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La causa fue reactivada a fines de marzo, cuando el fiscal Tomás Morán solicitó la elevación a juicio de la causa por el delito de "coacción agravada" donde se juzga a seis gremialistas platenses por una acción producida el 31 de octubre de 2012 cuando se realizaba una asamblea de trabajadores en la Dirección General de Cultura y Educación. En el requerimiento del fiscal se sostiene que en aquel entonces “un grupo de personas ingresó a la fuerza a dependencias privadas, concretamente a los despachos de la titular de la cartera educativa y sus funcionarios, para lo cual debieron forzar puertas y romper vidrios, todo mediante la utilización de amenazas contra la integridad física de quienes se desempeñaban en el área, en especial del por entonces subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Claudio Crissio, a quien obligaron a firmar un acta en la que se reconocía carácter de compensación salarial a las horas extras devengadas, sin poder el funcionario negarse a tal acción, en virtud de la intimidación de la que fue víctima”.La gremialista explicó que "esto es una causa política, por lo tanto hay una connivencia evidente entre Nora de Lucía, el juez, el fiscal y nosotros entendemos que el intento de la elevación a juicio no es casual. Tiene toda una connotación, estamos dese fines de febrero con un proceso de lucha muy importante que se abre con la paritaria que queremos un aumento digno, ahí se cierra la paritaria con aceptación de algunos gremios pero se cierra sólo formalmente porque el malestar es muy fuerte, sobre todo en Educación. Nosotros seguimos con un proceso muy importante de paros, suspensión de tareas y protagonismo en el paro docente que acompañamos fervientemente". A su vez, afirmó que esta situación es parte de las políticas encaradas por Nora de Lucía: "con este vaciamiento hay una apertura a la privatización de la educación".
"Nuestra causa es otro de los elementos represivos de la última semana, que hubo dos represiones a Desarrollo Social, en la Panamericana, en Salta a trabajadores azucareros y, sumado a esto, el anuncio de (el gobernador bonaerense) Scioli de un plan de seguridad: no hay plata pero aparece para pagar este nuevo plan. Por eso, no desvinculamos nuestra causa de este contexto de criminalización de la protesta , es la contracara del ajuste", concluyó la Valdez.
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