Hugo Cañón: "Los permisos y prohibiciones son más de regímenes autoritarios que democráticos"

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires expresó su rechazo ante el proyecto de ley del bloque para regular las manifestaciones públicas. La propuesta, conocida públicamente como "ley antipiquetes", fue tildada por Hugo Cañón, co-presidente de la CPM, como "un corrimiento a la derecha y al manodurismo".


"En un sistema democrático de convivencia civilizada como el que propugnamos en nuestro país, la regla es la libertad, la posibilidad de peticionar, de reunirse, de marchar, de circular, de transitar y, por supuesto, con alguna conflictividad que genere todo esto, pero que hace también al debate. Luego habrá que buscar remedios y soluciones, pero en el diálogo de expresar opiniones diferentes está la construcción democrática. La otra mirada es la que quiere paz de los cementerios, que esté todo prolijo y ordenado, que busca controlar a la sociedad, por eso nos preocupa este proyecto", afirmó Cañón en diálogo con Rap.

Analizando la propuesta anunciada la semana pasada por Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones legislativas, dijo que "hay una especie de corrimiento a la derecha y una forma de acción que tiene que ver con el manodurismo para la resolución de problemáticas que va con esta idea de ´poner orden´ que significa una forma de disciplinamiento social y va de la mano con quienes controlar el poder´popular, de movilización y de petición a las autoridades y va a contrapelo de la condición democrática".

Además, señaló como preocupante que el proyecto delegue en la policía el poder de decidir si una manifestación en la vía pública puede ser aceptada o rechazada. El proyecto prevé que el principal mediador frente a cortes de calle sean funcionarios civiles del Ministerio de Seguridad, cuyo objetivo será desarticular la medida de fuerza y tomar nota de sus reclamos para llevarla a las autoridades correspondientes. En relación a este punto, el co-presidente de la CPM resaltó los riesgos que supone que sea facultad del poder ejecutivo decidir la ilegalidad o legalidad de una protesta. "Los permisos y prohibiciones son más de regímenes autoritarios que democráticos".



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