El 29 de mayo el Ministerio de Seguridad dio a conocer las estadísticas resultantes de la declaración de emergencia en seguridad. Afirman que se realizaron “25586 procedimientos que arrojaron cerca de 15 mil delitos esclarecidos y un saldo de 182 enfrentamientos con 68 delincuentes heridos y 39 abatidos”. Roberto Cipriano, integrante de la CPM y de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional, puso en duda las cifras del gobierno y alertó que “se está profundizando en un mayor empoderamiento de la policía, y un mayor control y prisionización de los sectores pobres”.
En cuanto a las 39 víctimas fatales de la emergencia , Cipriano puso en consideración la falta de preparación de los policías y que “usan el poder del uniforme y el arma para intereses espurios que tienen que ver con lo delictivo". En este caso remarcó la participación histórica de integrantes de la policía bonaerense en hechos de corrupción provincial.
Una de las características de las nuevas políticas de seguridad se basan en el uso de lenguaje bélico, incluso en el comunicado oficial utilizando expresiones como “abatidos”. Cipriano interpretó que “estamos ante un problema muy serio porque ni siquiera se cuidan de mantener un lenguaje mínimamente respetuoso del derecho y de valores centrales de la democracia como la vida y las garantías constitucionales”. También agregó que “el discurso bélico no conduce a nada, salvo a generar mayores situaciones de conflicto”.
En un documento en respuesta al comunicado del gobierno provincial, la Comisión Provincial por la Memoria hace hincapié en la política oficial de delegar el diseño y las estrategias de seguridad en manos de la policía. Si bien el rechazo a la autonomía policial ha sido un reclamo histórico de los organismos de Derechos Humanos, esta vez ha cobrado más fuerza a partir de la promoción gubernamental del autogobierno policial. En su comunicado, la CPM señala que los datos oficiales hablan de “13000 delitos esclarecidos”. Sin embargo, remarcan que “ la función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor del los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito”. Cipriano apuntó que “la construcción de las políticas publicas en materia de seguridad y prevención del delito, tienen que estar en manos de los funcionarios públicos, tiene que ser posible incluso realizar políticas publicas de Estado, que perduren en el tiempo”.
Uno de los puntos más graves de la emergencia de seguridad se relaciona con el agravamiento en las condiciones de detención. “Lo que está haciendo la policía, con responsabilidad del Poder Judicial, es captar los pobres y tenerlos detenidos en lugares que estallan, explotan” sostuvo Cipriano. Remarcó que en la Provincia de Buenos Aires hay 31500 personas detenidas, la mayoría con 'prisión preventiva', es decir, sin condena firme. A esta situación se suma el anunció realizado por el gobierno de volver a habilitar los calabozos clausurados como lugares de detención. Desde la CPM señalaron que los mismos fueron clausurados por las inhumanas condiciones de detención. A su vez, remarcan que representan una disfuncionalidad, ya que el rol de la policía es la prevención del delito y no la custodia de detenidos. Esto se traduce en la paradoja de que en el marco de una "emergencia en seguridad", el gobierno dispone que menos policías se dediquen a la prevención del delito. Dichos uniformados serán reintegrados a los calabozos medida que según la CPM "implicará una profundización de las condiciones de detención que fomentan y propician la tortura".
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1 comentario:
¿CHE LA REVOLUCION PARA CUANDO? VEO QUE LE TIRAN FLORES A MARIOTTO, CRISTINA Y OTROS MIL DELINCUENTES QUE GENERAN LA DESIGUALDAD Y SE LA AGARRAN CONTRA LOS MACACOS UNIFORMADOS QUE HACEN EL TRABAJO SUCIO DEL GOBIERNO
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