Durante la última dictadura cívico-militar, Aldo Vara fue capellán en el V Cuerpo de Ejército y en el Batallón de Comunicaciones 181, con el grado castrense de Capitán. Está imputado en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en “La Escuelita” y otros centro clandestinos de detención de Bahía Blanca. Tras dos pedidos de la fiscalía, el juez federal, Santiago Martínez, ordenó el allanamiento del arzobispado bahiense donde se secuestró documentación que prueba que Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, cobraba todos los meses la jubilación del cura.
El delito que se les imputa al arzobispo bahiense y al apoderado de Vara está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.
Vara estuvo prófugo de la Justicia federal de Bahía Blanca y fue capturado a fines de abril en Ciudad del Este, Paraguay. Ahora está a disposición del juez paraguayo Hugo Sosa Pasmor quien deberá resolver sobre el pedido de extradición efectuado por el juez bahiense, Álvaro Coleffi.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia imputaron a Vara por su participación en delitos de secuestros, torturas y homicidios perpetrados contra un centenar de víctimas en en el CCD “La Escuelita” y otros centros clandestinos de detención que funcionaron en Bahia Blanca. Desde 1971 a 1979, vara fue Capellán del Comando del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones de Comando 181
Estudiantes de la ENET nº 1 secuestrados en “La Escuelita” y un ex conscripto son algunos de los que dieron testimonio de que Vara era asiduo en los centros clandestinos, y partícipe de las torturas y muertes. De acuerdo a los fiscales: “Vara garantizó la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturó psíquicamente a los cautivos dentro del centro clandestino y a sus familiares afuera”. “Así como los médicos ponían sus saberes al servicio del plan represivo, los sacerdotes, amparándose en su misión pastoral, interrogaban a los secuestrados”, indicaron.
Asimismo, destacaron que Vara “comparte el pacto de silencio cínico y cruel que une a todos los responsables, silenciando información que podría aliviar el dolor de sobrevivientes y familiares”.
“Como Iglesia estos hechos nos van a cuestionar duramente frente a la opinión pública y vamos a tener que tomar otra postura porque nosotros predicamos la verdad, la justicia, y no podemos como institución amparar estos casos”, afirmó García.
Crítica a la Conferencia Episcopal
Tras reunirse en Pilar, la Conferencia Episcopal emitió un documento titulado “Felices los que trabajan por la paz”. Allí expresaron en el primer párrafo que “constatamos con dolor y preocupación que la Argentina está enferma de violencia”.
Al respecto, desde Opción por los Pobres caracterizaron a la declaración como “parcial”. Opinaron que“el documento enumera demasiadas cosas malas, no se si no se dan cuenta que puede ser manipulado y utilizado por quienes nos quieren hacer creer que vivimos en un país incendiado”.
Néstor Cruz Díaz relató que “yo trabajo y vivo en los barrios, uno puede hablar de la violencia familiar, la violencia en el trato, la disgregación de la familia, la violencia de las drogas y la violencia de la exclusión, pero es raro que no aparezca el esfuerzo que se está haciendo como país y desde el Gobierno para superar la exclusión”.
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