El hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega negó la realización de la intervención a la adolescente que había sido violada por su padrastro y que ingresó a la institución con 23 semanas de embarazo. La negativa se dio a pesar de que el caso se encuadraba perfectamente en un caso de aborto no punible. El domingo 4 de abril, organizaciones de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito, comunicaron que "el día viernes 02 de mayo, la nena de 13 años a quien le negaron la interrupción de su gestación producto de una violación en el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega del partido de Moreno, fue dada de alta tras acceder a la interrupción legal del embarazo con medicamentos de manera privada, que fue concluida en un hospital público, fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sin haberse detectado complicación alguna durante la práctica."
Las organizaciones también agregaron que "la intervención fue realizada por la gestión del movimiento de mujeres y feminista y NO por el Ministerio de Salud, debiendo ser ésta una de sus funciones". También agregaron que la niña se encuentra en perfecto estado de salud y no tiene secuelas.
En primera instancia, los profesionales del hospital de Moreno se ampararon en la objeción de conciencia. Sin embargo, ante el estado público que tomó el caso y la reacción de las organizaciones del movimiento de mujeres, esgrimieron el argumento de que el estado avanzado del embarazo podría generar riesgos para la adolescente.
Si bien la regulación tiene un alcance nacional, cada provincia debe reglamentar su aplicación a través de sus propios protocolos."En este caso, claramente, se incumplió con la ley y con la disposición de la Corte. La provincia de Buenos Aires se ha ajustado con este protocolo de atención, pero no lo está llevando a cabo en todos los hospitales. El caso de Moreno es un claro ejemplo de este incumplimiento", explicó Florencia Maffeo, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito, en diálogo con Rap.
Este año, la Campaña presentó, por quinta vez, ante la Cámara de Diputados una iniciativa que apunta a reconocer el derecho de la mujer a abortar durante las primeras 12 semanas de gestación y a acceder a la práctica gratuita de la intervención médica en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa. Establece, asimismo, que se podría interrumpir el proceso de gestación si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves. También promueve una fuerte intervención del Estado, que va más allá de su propuesta legislativa y que se resume en el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".
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En febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó el cumplimiento de los abortos no punibles consagrados en el Código Penal de la Nación desde 1921 para interrupciones de embarazos en casos de violación y donde se ponga en riesgo la vida y/o la salud de la mujer. Para las prácticas abarcadas en esta resolución, los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial, sino que basta exclusivamente con la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación. Si bien puede haber objeciones de conciencia de los profesionales, estas deben ser expresadas previamente a que tengan que realizar un aborto y la institución debe asegurar que haya profesionales aptos para realizar estas intervenciones.
Si bien la regulación tiene un alcance nacional, cada provincia debe reglamentar su aplicación a través de sus propios protocolos."En este caso, claramente, se incumplió con la ley y con la disposición de la Corte. La provincia de Buenos Aires se ha ajustado con este protocolo de atención, pero no lo está llevando a cabo en todos los hospitales. El caso de Moreno es un claro ejemplo de este incumplimiento", explicó Florencia Maffeo, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito, en diálogo con Rap.
Miembros de esta campaña junto a otras agrupaciones que acompañaron a la niña y su familia, también denunciaron el maltrato y las coerciones sufridas en el hospital, así como la falta de atención adecuada y de análisis pertinentes para realizar los diagnósticos realizados y la divulgación de datos de índole personal. "Hubo una serie de incumplimientos con respecto a la intimidad de esta niña, por ejemplo haber dado información de la historia clínica a la prensa que no correspondían", agregó Moffeo.
Este año, la Campaña presentó, por quinta vez, ante la Cámara de Diputados una iniciativa que apunta a reconocer el derecho de la mujer a abortar durante las primeras 12 semanas de gestación y a acceder a la práctica gratuita de la intervención médica en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa. Establece, asimismo, que se podría interrumpir el proceso de gestación si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves. También promueve una fuerte intervención del Estado, que va más allá de su propuesta legislativa y que se resume en el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".
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