martes, 13 de mayo de 2014

La APDH de La Matanza cumple 30 años de militancia

La seccional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebra este mes sus 30 años. En este marco, el organismo sufre una denuncia donde se acusa a algunos de sus abogados por presionar sus defendidos para que testifiquen contra las fuerzas de seguridad en la causa por la muerte de Gabriel Blanco en una comisaría de Isidro Casanova. Afirman que es una causa armada que busca deslegitimar a la institución.



Surgida en 1984, tras la recuperación democrática, la APDH de La Matanza continúa bregando por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Actualmente, trabaja atendiendo casos de violencia institucional, problemáticas habitacionales y facilitando el acceso a la Justicia de distintos sectores sociales. "Son treinta años de lucha, esfuerzo y compromiso", contó Pablo Pimentel, presidente de la organización, en diálogo con RAP.

La APDH, a nivel nacional, se creó el 18 de diembre de 1975 en la primer iglesia metodista de Capital Federal. Fue el resultado de una autoconvocatoria de personas provenientes de diversos espacios políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia que se vivía en el país. Según narra Pablo Pimentel, se constituyó como "un lugar donde han convivido hombres y mujeres de distintas tradiciones. Y mientras haya injusticias va a ser permanente el estado asambleario para asegurar los derechos humanos"

Una causa armada contra la APDH

Esta semana, la APDH de La Matanza dará a conocer detalles sobre una causa mediante la cual se la acusa de presionar a detenidos para que testifiquen contra las fuerzas de seguridad a cambio de una eventual mejora en la situación procesal y en las condiciones de detención de sus defendidos. La denuncia contra el organismo fue presentada en septiembre del año pasado por parte de un grupo de abogados que patrocinan a los tres policías procesados por el asesinato del joven Gabriel Blanco, ocurrido el 1 de marzo de 2007 en la comisaría de San Carlos, Isidro Casanova.

"Nos acusan a nosotros y a la Comisión por la Memoria de habernos entrometido y haber sugerido que esta gente culpe a los policías por el asesinato de Gabriel, como si todas las pericias que se hicieron y las pruebas que hay no alcanzaran para que el juez de garantías tomase una declaración así para llevarlos presos. El juez se valió de todo eso para hacer respetar las garantías y tardó seis años en otorgar la prisión porque quería reunir todas las pruebas necesarias", dijo Pimentel.

Convocan a una conferencia de prensa para el miércoles 14 de mayo a las 11hs en calle Esnaola 3780 (San Justo) para dar detalles sobre esta situación judicial.

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